El pasado 8 de enero, el doctor José María Ruiz Soroa publicó un artículo de opinión en EL MUNDO titulado Política lingüística y lengua común, donde argumentaba que debido al «hecho bruto» de que todos los ciudadanos españoles saben castellano, las políticas de promoción de otras lenguas oficiales en distintas comunidades autónomas solo serán legítimas si no sobrepasan una línea: la de obligar a los hablantes monolingües de castellano a aprender (aprender, que no necesariamente usar) la otra lengua (euskera, catalán, gallego…). Según esto, puede ser «legítimo» incentivar a aprenderla, pero en ningún caso obligar a ello. Nosotros opinamos que esta tesis ético-política es errónea y querríamos explicar por qué, con ánimo de contribuir al debate público sobre un tema tan candente.
