Cataluña, España y el federalismo: el problema no son (sólo) las instituciones

Roger Senserrich acaba de publicar un buen artículo sobre el problema Cataluña – España. Básicamente, Roger viene a decir que ni PP ni PSOE están haciendo el trabajo que deberían: diseñar un modelo de España federal que sirva no solo para calmar los ánimos independentistas en Cataluña, sino para acabar con las tensiones territoriales que afectan crónicamente al Estado de las Autonomías. Sea como sea, a partir de aquí Roger propone una organización federal para España que no precisaría de una reforma muy profunda de la Constitución española, y que se resumiría en los siguientes 6 puntos: (1) modelo de financiación (las autonomías y el gobierno central cobran impuestos de manera independiente y se lo gastan en sus competencias como crean); (2) control del gasto (normas estrictas de disciplina fiscal para las autonomías, sin las cuales no hay rescate del gobierno central en caso de bancarrota); (3) derechos sociales mínimos a nivel federal, con independencia de que luego las autonomías puedan ir más allá; (4) nueva distribución competencial (competencias exclusivas para el gobierno central, cláusula residual que dejase el resto de competencias en manos de las autonomías, siguiendo el modelo de los EUA); (5) blindaje identitario (protección constitucional de las minorías nacionales y prohibición de que el gobierno federal legisle sobre materias culturales que les afecten); y (6) participación de las autonomías en las decisiones comunes (por ejemplo, mediante la transformación del Senado en una cámara de representación de las comunidades autónomas, con poderes reales).

Vaya por delante que a mi un arreglo así me parecería bien, aunque incompleto (luego explico por qué). En realidad, soy independentista porque no creo que ni un arreglo así, ni mucho menos uno que realmente completase la tarea, vaya a ser aceptado nunca en Madrid; (de nuevo, en un momentito explico por qué). No obstante, creo que este modelo tiene dos puntos flojos que lo hacen inviable e insuficiente: (1) que no tiene en cuenta hasta qué punto el modelo es realista desde un punto de vista político; y (2) pasa de puntillas por encima de lo que son precisamente los puntos de conflicto más importantes. Dos puntos flojos que se resumen en uno: la propuesta de Roger olvida, a mi juicio, de una variable clave en todo este asunto, que no es otra que la distinta cultura política que predomina en Cataluña y en España, en concreto en lo que se refiera a qué es un Estado y a cómo debe organizarse. Intento explicarme.

Para empezar, como digo, Roger propone un modelo que está muy bien, pero sin preguntarse quién lo va a comprar. Al fin y al cabo, lo que propone viene a ser en buena medida lo que salía en el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña aprobado en 2005 por el Parlamento catalán, llevado aún más allá. El tránsito de esa reforma por las Españas es de sobras conocido: subida de varios decibelios del debate político estatal, con el PP y medio PSOE rasgándose las vestiduras ante “el desafío” de Maragall (sí, ese palabro del “desafío” ya lleva años circulando por Madrid cada vez que alguien en Cataluña reivindica algo); “cepillado” del Estatuto en el Congreso, según palabras textuales de Alfonso Guerra, cargándose o descafeinando algunos de los aspectos más sensibles de la reforma, como el asunto de la financiación o el reconocimiento de Cataluña como nación; campaña del PP para recoger firmas contra el Estatuto previamente recortado en el Congreso; recursos a cascoporro del PP y (one more time) medio PSOE ante el Tribunal Constitucional; y paso de éste como una apisonadora por encima del Estatuto. Todo eso fue hace cuatro días, y no veo en qué se basa Roger para pensar que eso va a cambiar ahora. En realidad, lo paradójico es que las reformas que propone Roger a quién van a entusiasmar va a ser a los catalanes soberanistas “soft” (que son los que desempatan) y a los pocos federalistas genuinos que aún quedan por Barcelona. Lo de siempre, vamos.

Por otro lado, me temo que la propuesta de Roger despacha con demasiada confianza, o directamente con el silencio, algunos de los aspectos más conflictivos de la relación Cataluña – España. Ahí van solo tres:

1. La disciplina fiscal. La propuesta de Roger parece asumir en todo momento que las autonomías tienen “caprichos” que “se tienen que pagar por si mismas” y que el gobierno central tiene que ser inflexible con aquellas que tengan la mano rota. Muy bien: ¿y a la inversa? ¿Puede una autonomía decidir que sus ciudadanos no van a pagar ni un euro más de aumento de impuestos a un gobierno central que se haya endeudado para rescatar sin contrapartidas bancos de amiguetes caídos en desgracia, o que se haya pulido parte de su superávit en construir “cables de acero para coser España” donde con suerte viaja alguna cabra? ¿Pueden las autonomías “austeras” castigar a los gobiernos centrales “caprichosos”? ¿O es que los “caprichos” solo los tienen las autonomías? Esa asunción de que “las autonomías son más derrochadoras que el gobierno central” está en la trastienda de buena parte de las resistencias a convertir España en un país federal, y dudo mucho que tal mantra vaya a desaparecer con tal reforma federal.
2. Las infraestructuras. Que hay un objetivo deliberado de hacer de Madrid el centro económico de la península a costa de Barcelona, y que ese objetivo es compartido por PP y PSOE cuando gobiernan, es algo de lo que tenemos buenos indicios, con lo cual es razonable pensar que estamos ante algo que va más allá de una “obsesión del nacionalismo catalán”. La propuesta de Roger no entra al trapo, dejándolo en que “el reparto de la inversión en infraestructuras es un poco menos obvio, pero (idealmente) debería estar fuera del alcance de los políticos y regirse por criterios técnicos.” Por un lado, no acabo de ver de qué manera puede ponerse en práctica este principio gestión puramente técnica “y fuera del alcance de los políticos” de la inversión en infraestructuras, y la propuesta de Roger tampoco lo aclara. Por otro lado, en buena medida, el decidir apostar por un modelo de infraestructuras u otro tiene siempre un componente político-territorial. Ignorar este punto es una receta perfecta para conseguir que la agenda política del más fuerte (el gobierno central, por norma) sea la que predomine. Miedo me da pensar, por ejemplo, en un “comité de expertos en infraestructuras” compuesto por altos funcionarios residentes en la villa y corte, si van a ser tan “neutrales” en el asunto de la distribución territorial de las infraestructuras como lo fue el “neutral” Tribunal Constitucional con el Estatut.
3. La cuestión identitaria. Aquí volvemos a lo del realismo: la propuesta de Roger parece asumir con mucha facilidad que en España se va a aceptar como si tal cosa que en Cataluña los asuntos lingüísticos y culturales queden en manos de la Generalitat sin que nadie pueda toserles. Es decir, que en un plazo de tiempo razonable el PP y medio PSOE, que hace cinco años se rasgaban las vestiduras por el Estatuto, van a pasar a aceptar cosas como que el Estatuto defina a Cataluña como nación, que en los edificios públicos catalanes ondeen las banderas que la Generalitat quiera que ondeen, que el sistema de inmersión lingüística en catalán se mantenga intacto hasta que el Parlamento catalán decida lo contrario, o que quién quiera hacer carrera funcionarial en la administración catalana deba saber catalán. Francamente, soy muy escéptico respecto a la posibilidad de que eso ocurra sin que una hipotética autoridad federal con capital en Madrid no intervenga con el cuento de que “se están violando los derechos de todos los españoles“, que por lo visto consisten en que la factura de la convivencia la paguen los que tienen como lengua preferente otra que no sea el castellano, y como identidad nacional otra que no sea la española-tal-como-la-definen-PP-y-medio-PSOE.

Y es que parece que la propuesta de Roger localiza el problema Cataluña – España en el diseño institucional; reformándolo, el grueso del problema se resolvería. Yo, en cambio, soy de otra opinión: creo que en este asunto los problemas de diseño institucional no son tanto causa, sino más bien consecuencia, de lo que realmente está llevando a Cataluña y a España a la separación. ¿Y qué es eso? Pues ni más ni menos que la distinta cultura política que predomina en Cataluña y en España, respectivamente, en lo que respecta a lo que es un Estado y sobre cómo debe organizarse. Uno puede querer implantar un federalismo americano, o canadiense, en España, que al final del día España sigue siendo España. Cosas que en Canadá se han ido aceptando no sin conflictos, pero sí sin dramas, aquí serían impensables; por ejemplo, que Cataluña pueda tener derecho a convocar un referéndum sobre la independencia por su cuenta, que si sale que “sí” habrá que negociar al respecto, o que los funcionarios federales (al menos los que estén trabajando en Cataluña) deban manejarse razonablemente bien en castellano y en catalán.

Cambiar el diseño institucional, incluso cambiarlo profundamente, no va a hacer que los gastos de Cataluña en promover la lengua catalana dejen de ser vistos como “caprichos” en el resto del Estado español, por mucho que los sucesivos gobiernos españoles se gasten una cantidad nada despreciable de dinero en hacer lo propio con la lengua castellana. Tampoco va a hacer que en el resto del Estado español la inmersión lingüística deje de ser vista como un acto intolerable de imposición de una lengua, por mucho que a uno le puedan negar la nacionalidad española por no saber castellano. Y no creo que vaya a solucionar tampoco lo que está en la base de buena parte de las tensiones sobre infraestructuras y reparto de la inversión pública: el hecho de que Barcelona quiere ser Zúrich y Madrid quiere ser París. Y Zúrich y París en un mismo Estado, como que no.

Al loro, que diría Joan Laporta: no estoy diciendo que esto sea un problema de mala fe. No digo que esto sea una confrontación entre una pobre minoría nacional oprimida y un Estado malvado, cerrado y reaccionario. Francia me parece un Estado razonablemente civilizado y moderno y no obstante es un Estado claramente centralista, uniformista y donde a nadie se le ocurre discutirle a París su centralidad no solo política, sino también económica. Tampoco creo que sea un conflicto entre un Estado modernizador y unos paletos provincianos y egoístas de la periferia. Suiza es otro Estado razonablemente civilizado y moderno y no obstante es un Estado federal, plurilingüístico y donde no se pretende que la capital política sea también la económica. No se trata de “buenos contra malos”. Se trata de si España se tiene que parecer más a Suiza o más a Francia, en cuanto a organización territorial de la economía, el gobierno y la identidad. Y aquí existe un desacuerdo profundo e histórico entre lo que opina la inmensa mayoría de los catalanes y lo que opina la inmensa mayoría de (el resto de) los españoles. No me meto en si ese desacuerdo es más “culpa” del nacionalismo español que del catalán o viceversa. Digo que está ahí. Y probablemente no es “culpa” de nadie y lo es un poco de los dos, entre otras cosas por no querer ver que el desacuerdo está allí, es real y no se debe a ningún acto de mala fe por parte de nadie.

No me gusta echar mano del ejemplo de la pareja que se divorcia, pero realmente aquí tenemos una analogía que resulta difícil no utilizar. Cuando uno convive en pareja, siempre hay roces. Hay cosas que se pueden modificar cambiando o simplemente aclarando las reglas de la convivencia. Pero hay otros conflictos que tienen que ver con la manera de ser de cada cual; ante esto uno puede hacer dos cosas: o aceptar que el otro es como es y adaptarse o, si eso no le parece deseable o posible, irse (o dejar ir). La tentación, por supuesto, es autoengañarse, pensar que el otro cambiará, o que la culpa de que no cambie obedece a factores externos (los amigos, la familia…) que un día u otro caerán por su propio peso. En la relación Cataluña – España, me temo, nos hemos estado autoengañando cada uno a su manera. En España, pensando que el problema de Cataluña eran “los nacionalistas”, sin reparar en que si “los nacionalistas” son los que compran el programa de la reforma del Estatuto de 2005, entonces “los nacionalistas” son la inmensa mayoría de los catalanes. En Cataluña, pensando que el problema no se tenía con España sino con “el nacionalismo español”, sin reparar en que si “el nacionalismo español” es lo que defienden el PP y medio PSOE, entonces este “nacionalismo español” tiene un respaldo ampliamente mayoritario entre la sociedad española.

A mi juicio, por tanto, el problema principal que existe entre Cataluña y España es precisamente el que la propuesta de Roger no aborda, y el que la hace flojear en términos de realismo y de solución de los problemas más profundos. Ese problema es que a Cataluña le gustaría ser un cantón suizo y a España le gustaría ser Francia. Y claro, mete un cantón suizo en Francia (en especial uno no-francófono) y ya verás que divertido. El Estado de las Autonomías suponía un acuerdo entre en las aspiraciones de unos y otros en un momento (la Transición) en que la prioridad era pasar de una dictadura a una democracia; el problema es que ese acuerdo fue interpretado en Cataluña como un acuerdo de mínimos y en España como un acuerdo de máximos. Nadie engañó realmente al otro sobre sus aspiraciones (basta leer los discursos de unos y otros durante la Transición), sino que fue cada uno el que se autoengañó pensando el otro “ya cambiaría”. Y como pasa en la vida personal, las trampas al solitario siempre se acaban descubriendo. En esas estamos, y soy muy escéptico respecto a la posibilidad de que eso se arregle con cambios en el diseño institucional.

Por supuesto, no me cierro en banda a cambiar de opinión. Si determinadas cosas pasasen, reconsideraría mi escepticismo. Por ejemplo: si el PP y el PSOE desarrollasen en los próximos meses una propuesta federal clara, sin ambigüedades y que fuese más o menos como la de Roger, particularmente en su puntos 1 y 5. Y antes de que nadie pida que “el primer paso” lo dé Cataluña, recordar que el catalanismo ya lo intentó con la reforma del Estatuto, hubo un último intento parcial por parte de Mas con lo del pacto fiscal, e ICV y CiU llevan tiempo suplicando una tercera vía de corte federal. Así que los que piensen como Roger tienen aliados influyentes a esta parte del Ebro. Lo que sospecho es que donde no los tienen es en Madrid. Hasta el 9 de noviembre habrá tiempo para verlo… one more time.