Pablo Simón publicó ayer un fantástico artículo donde, de manera amena y convincente, pone en duda la crítica habitual a los partidos políticos como entes generadores de un conflicto indeseable, aunque quizá inevitable. Traza una línea de continuidad entre la desconfianza de James Madison hacia las facciones y lugares comunes actuales del tipo “los políticos ponen el partido por delante del interés general”, desarrollando una crítica mediante un argumento que más o menos discurre así: el conflicto entre facciones/partidos no es algo a evitar, ni siquiera un mal inevitable que nos tenemos que tragar, sino una realidad propia de cualquier sociedad que simplemente hay que asumir y gestionar de la mejor manera posible. Pablo cita la idea de Kelsen según la cual la democracia es una transacción, un conjunto de mecanismos que permite a distintos intereses, representados por los partidos políticos, llegar a puntos de acuerdo en función de su fuerza relativa dentro de la sociedad, la cual se calibra mediante las elecciones.
A mi entender, este argumento no es incorrecto, pero sí incompleto. Según como se tome, se puede entender que, simplemente, no hay tal cosa como el “interés general”. De hecho, en algún momento del artículo Pablo dice textualmente que la idea del interés general es simplemente una falacia, no sé si como opinión propia o tratando de describir la opinión de los autores a los que cita. En cualquier caso, el argumento de Pablo bien se puede tomar así. A mi juicio, en cambio, las cosas son a la vez más complicadas y menos negras. Por un lado, no hay duda de que en muchísimas ocasiones se intenta hacer pasar por “interés general” lo que no es más que el interés de una facción: podemos recordar, por ejemplo, cuando Aznar intentó combatir el monopolio de sus sempiternos rivales mediáticos del Grupo PRISA sobre la retransmisión del fútbol argumentando que éste era “de interés general”.
Pero creo que también es fácil pensar en ejemplos de situaciones en las que, implícitamente, apelamos a algo-así-como-el-interés–general a la hora de criticarlas: desde un punto de vista de resolución de conflictos, es posible que la política de “un aeropuerto en cada aldea” haya servido para calmar las tensiones territoriales en el Estado español, al menos durante unos años. Lo malo es que con el paso del tiempo ha acabado constituyendo un maldito desastre para casi todos los implicados, excepto aquellos que hicieron dinero con la construcción de infraestructuras durante los años del boom económico español. Si hay algo que se parezca a un perjuicio contra el “interés general” debe ser esto. Pero es fácil pensar en más ejemplos: es difícil que al común de la gente le interese una guerra nuclear, o una crisis financiera, o que haya una epidemia de gastrointeritis. Por supuesto, dados estos escenarios siempre habrá quien pueda sacar tajada, pero es difícil no considerarlos indeseables “en general”, es decir, desde el punto de vista de algo que de alguna manera podemos llamar “interés general”.
El argumento de Pablo tiene, además, otro hueco: a mi juicio, tal como describe las cosas da la impresión de que las preferencias de los agentes estuviesen dadas y fuesen fijas. Es decir, que lo que hiciesen las facciones básicamente fuese negociar, más que intentar convencer al otro. De nuevo, creo que las cosas son algo más complicadas. Desde luego, no vamos a ver a Rajoy o a Rubalcaba y a Mas o a Junqueras sentarse en una mesa para intentar convencer al otro de que abandone su actual postura sobre la independencia de Cataluña. Pero sí que creo que en aspectos donde no se encuentren tan diametralmente lejos lo que va a pesar en sus conversaciones, a parte de su fuerza en las instituciones, van a ser también los argumentos que tengan de su lado. Básicamente, porque un argumento descuidado es un flanco por donde un enemigo puede atacarte políticamente y convencer a una parte de tus seguidores (la que esté más dispuesta a escuchar) de que cambien de bando. Por eso los partidos gastan dinero en think tanks.
Así las cosas, creo que tenemos motivos para pensar, con un grado saludable de escepticismo, que podemos identificar algo llamado “interés general” y que las facciones pueden tener conversaciones donde, a parte de amenazarse y mercadear, van a intentar argumentar su postura remitiendo a ese algo, aunque solo sea para no quedar desacreditados ante la población a la cual han de pedir apoyo (pese a su mala fama, la hipocresía es una gran fuerza civilizadora). No obstante, queda sobre la mesa un problema evidente: ¿cómo narices identificamos ese algo? Recurriendo de nuevo a la cobardía del ejemplo, que diría Pessoa, podemos recordar la película de Sidney Lumet Twelve Anrgy Men (Doce hombres sin piedad), protagonizada por Henry Fonda y basada en el drama del mismo nombre de Reginald Rose.
La película trata sobre un juicio de asesinato en el cual un jurado formado por 12 hombres debe decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, sabiendo que un dictamen de culpabilidad conllevará la pena de muerte para el acusado. 11 de los 12 miembros del jurado deciden votar “culpable” apresuradamente, algunos de ellos esgrimiendo razones que podríamos denominar “de interés privado”: uno tiene entradas para el béisbol esa misma tarde; otro considera que la gente de los barrios marginales (como el acusado) son intrínsecamente perversos. No obstante, uno de los miembros del jurado, el número 8, vota “no culpable”, afirmando que la vida o la muerte de un hombre no puede decidirse sin discusión pausada. A pesar de las protestas iniciales del resto de miembros, al final el miembro número 8 consigue llevar la discusión al terreno de lo que podríamos llamar “razones públicas” o de interés general, en el cual de lo que se trata es de esclarecer la verdad del caso. Finalmente, el jurado vota unánimemente “no culpable” y el acusado salva la vida.
La película nos muestra como, en determinados ámbitos de decisión colectiva, ciertos mecanismos como el voto secreto o el requisito de tomar decisiones por unanimidad pueden llevar (digo “pueden llevar”, no “llevan inevitablemente”) a los que toman la decisión a plantearse seriamente lo que están haciendo y a tratar de convencerse mutuamente mediante argumentos “de interés general”, en lugar de en razones del tipo “a mi me interesa X”. Y aquí volvemos a Madison: cuando el virginiano exponía su escepticismo hacia las facciones no se limitaba a lamentarse, sino a preparar el terreno sobre el que justificar la arquitectura constitucional de checks and balances y federalismo que los Padres Fundadores quisieron darle a los Estados Unidos. La idea era que si el poder estaba disperso ninguna facción podría llegar a controlarlo de manera tan absoluta como para aplastar a las demás. Se verían obligadas a soportarse y, por tanto, a deliberar. Como dice Cass Sunstein:
Publius (seudónimo colectivo de Madison, Hamilton y Jay) no creía (como lo hacen algunos observadores modernos) que la Constitución simplemente fijase las normas para la lucha entre intereses de grupo. Tenía la esperanza de que los representantes, trabajando por encima de esa lucha, serian capaces de desprenderse de las presiones locales, controlarse mutuamente y deliberar sobre, y ayudar a producir, el bien público.
Pablo tiene razón cuando apunta a que el conflicto entre facciones, organizadas en partidos políticos, es inevitable y que lo que hay que hacer es diseñar nuestras instituciones para gestionarlo de la mejor manera. Lo único que quería apuntar después de tanta parrafada es que “de la mejor manera” no significa simplemente “de acuerdo con la fuerza de cada uno y tratando de no hacernos daño”. Por el contrario, a mi juicio hay que asegurar que los más débiles van a tener posibilidades reales de defenderse de los más fuertes, ya sean estos una mayoría extremista o una minoría privilegada. No solo para conseguir que sus puntos de vista se tengan en cuenta, sino porque asegurar que todos los puntos de vista se tengan en cuenta es la única e imperfecta manera de asegurar que las instituciones trabajen por ese “algo” llamado interés general, que sabemos que está allí aunque nos cueste verlo. Si en la película de Lumet el jurado hubiese podido tomar decisiones por mayoría simple, el acusado hubiese acabado en la silla eléctrica por las prisas o los prejuicios del personal.
Durante los siglos XVIII y XIX los creadores de los primeros Estados liberales trataron de minimizar esta clase de faccionalismo descarnado mediante gobiernos representativos, declaraciones de derechos y separación de poderes. Ésta fórmula general, que ha variado enormemente según el país, se ha mostrado como la más eficaz de las que hasta ahora han existido a la hora de conseguir que los gobiernos trabajen por la libertad y el bienestar del mayor número posible de sus ciudadanos. Nunca ha sido perfecta, pero ha conseguido cosas extraordinarias. Ahora se trata de pensar si no podemos mejorarla. Por ejemplo, y sin ánimo de caer en el brindis al sol 2.0, creo que las nuevas tecnologías ofrecen un campo inmenso para explotar por lo que respecta a obligar a nuestros legisladores a que expliquen en público lo que hacen y en qué sentido sirve al interés general, y a que escuchen también lo que piensa la gente con menos influencia política. Lo cual, por otro lado, también servirá para calibrar qué partidos “antisistema” aportan propuestas creíbles y cuales de ellos simplemente tiran de la indignación popular y del discurso del “está todo fatal”.